Editorial
En un giro estratégico que marca una nueva etapa en el sector energético mexicano, Iberdrola, la empresa española con fuerte presencia en el país durante las últimas dos décadas, ha concretado la venta de varias de sus plantas a la empresa estadounidense Cox Energy. Esta operación, valorada en 10 690 millones de dólares, ha generado interrogantes y expectativas tanto en los mercados como en la opinión pública.
Durante su conferencia matutina del 1 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema con claridad: “Fue una decisión empresarial de Iberdrola, que busca fortalecer su presencia e inversiones en Europa”. De esta forma, descartó cualquier narrativa sobre presiones políticas o conflictos con el gobierno mexicano como causa de la salida. El mensaje fue claro: no se trató de una ruptura, sino de una reestructuración de prioridades por parte de la compañía europea.
Un nuevo modelo de inversión energética
Lo que hace particularmente interesante esta operación es el modelo bajo el cual Cox Energy llevará a cabo su inversión. A diferencia de esquemas anteriores en los que la iniciativa privada operaba con relativa independencia, este nuevo acuerdo establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) participará directamente en los beneficios, con una participación del 54 %.
Este esquema de “cooperación público-privada” marca un cambio significativo. En lugar de depender exclusivamente del capital estatal o de ceder el control completamente al sector privado, se apuesta por una fórmula mixta en la que el Estado retiene mayoría de beneficios sin desincentivar la inversión extranjera.
¿Qué significa esto para México?
Desde el punto de vista energético, esta transición puede representar una oportunidad para fortalecer la soberanía energética sin cerrar la puerta a la innovación y financiamiento internacional. Cox Energy, una firma con experiencia en energías renovables, podría introducir tecnología de punta y prácticas sostenibles, mientras que la CFE asegura que el control y la rentabilidad de la infraestructura permanezca en manos del Estado.
En términos políticos, el gobierno de Sheinbaum ha buscado posicionarse como continuador de la política energética nacionalista iniciada por Andrés Manuel López Obrador, pero con un matiz más técnico y dialogante con el sector privado. Esta operación parece ser un reflejo de esa línea: firmeza en los objetivos, pero apertura a nuevas fórmulas de cooperación.
Un precedente para futuras inversiones
Más allá de la cifra millonaria, la entrada de Cox Energy bajo un modelo con mayoría estatal sienta un precedente. ¿Será este el nuevo estándar para futuras inversiones en sectores estratégicos? ¿Qué implicaciones tendrá para la confianza de otros actores internacionales?
Por ahora, lo cierto es que México no se está cerrando al capital extranjero, pero sí está redefiniendo las reglas del juego. El caso Iberdrola-Cox podría marcar el inicio de una nueva etapa donde la soberanía energética y la inversión internacional no sean excluyentes, sino complementarias.
En conclusión, la salida de Iberdrola no representa una pérdida, sino una transformación. Y la entrada de Cox Energy, con el acompañamiento mayoritario de la CFE, podría ser la clave para una transición energética moderna, sostenible y con rostro mexicano.
