Editorial
En México, más de 125,000 personas permanecen desaparecidas, según datos oficiales . Esta crisis humanitaria ha movilizado a cientos de colectivos de familiares y activistas que, ante la falta de respuestas institucionales, han asumido la responsabilidad de la búsqueda de sus seres queridos. En este contexto, el gobierno federal ha reforzado su compromiso con estas organizaciones, ofreciendo apoyo legal, psicológico y logístico, y promoviendo reformas legislativas para garantizar una atención integral a las víctimas.
Coordinación interinstitucional y acompañamiento integral
La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ha liderado esfuerzos para establecer una comunicación constante con los colectivos de búsqueda. En abril de 2025, se realizó el segundo encuentro con representantes de agrupaciones de Puebla, Morelos, Baja California, Jalisco, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, así como con representantes de la Iglesia católica que han acompañado a los buscadores .
Durante estos encuentros, se han abordado temas como la implementación de protocolos de búsqueda, la capacitación de personal en fiscalías y comisiones de búsqueda, y la mejora en la coordinación entre diferentes niveles de gobierno. Además, se ha reconocido la labor de padres, madres y colectivos que buscan a personas desaparecidas, destacando su valentía y determinación .
Reformas legislativas y participación de las familias
El gobierno federal ha propuesto reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y garantizar la participación activa de las familias en los procesos. Estas reformas incluyen la creación de una Plataforma Única de Identidad y una Base Nacional de Carpetas de Investigación, así como la unificación de registros administrativos y forenses .
Sin embargo, algunos colectivos han expresado su escepticismo respecto a estas propuestas, señalando que, aunque las reformas son bien intencionadas, su implementación efectiva es crucial para que realmente beneficien a las familias afectadas .
Apoyo de organizaciones civiles y organismos internacionales
Además del apoyo gubernamental, diversas organizaciones civiles y organismos internacionales han brindado asistencia a los colectivos de búsqueda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantiene un Programa Especial de Personas Desaparecidas que ofrece asesoría legal y acompañamiento psicológico a familiares y colectivos en búsqueda de personas desaparecidas en estados como Puebla, Tamaulipas y Veracruz .
Asimismo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) ha implementado una estrategia de acompañamiento integral que incluye asistencia jurídica, representación legal, acompañamiento psicosocial y gestión de ayuda humanitaria para familiares de personas desaparecidas, convirtiéndose en una organización pionera en la atención especializada de acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes .
Casos emblemáticos y la voz de las víctimas
La desaparición de personas ha dejado huellas profundas en las familias afectadas. Un caso emblemático es el de Abraham Zeidy Hernández del Razo, desaparecido en Escobedo, Nuevo León. Su padre, Gustavo Hernández, en una de las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, imploró por la entrega de «aunque sea un huesito» de su hijo para poder despedirse y darle cristiana sepultura .
Este testimonio refleja el dolor y la desesperación de las familias, pero también su determinación por encontrar a sus seres queridos y obtener justicia. La participación activa de las víctimas en los procesos de búsqueda y en la formulación de políticas públicas es esencial para garantizar que sus derechos sean respetados y sus voces escuchadas.
Desafíos y perspectivas futuras
A pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos significativos en la implementación de políticas efectivas para la búsqueda de personas desaparecidas. La falta de coordinación entre instituciones, la escasa capacitación de servidores públicos y la insuficiencia de recursos son obstáculos que deben ser superados para garantizar una atención adecuada a las víctimas.
En este sentido, el gobierno federal ha reiterado su compromiso de trabajar de la mano con los colectivos de búsqueda, escuchando sus demandas y necesidades, y fortaleciendo las políticas públicas en materia de desaparición forzada. La construcción de una política integral que combine justicia, acompañamiento y prevención es fundamental para enfrentar esta crisis humanitaria y garantizar que las familias afectadas reciban el apoyo que merecen.
